Regulación de la eutanasia en el Estado español

En 1995 el Código Penal abordó por primera vez en la historia legislativa del Estado la regulación de la eutanasia. El texto en concreto es el apartado 4 del artículo 143:

  1. ” El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
  2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
  3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
  4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.”

Así pues, la ley castiga con carácter general la conducta de auxiliar a otro a quitarse la vida con actos imprescindibles a tal fin, ejecutar la muerte de quien no desea seguir viviendo y la cooperación necesaria a un suicidio “eutanásico” (petición expresa por sufrimiento), con una sanción que oscilaría entre los seis meses y los dos años (suicidio) o un año y seis meses a seis años (eutanasia), respectivamente.

La ubicación es significativa, puesto que el artículo 143 regula en su conjunto las formas de participación en el suicidio de otro, y por otra parte, este artículo se encuadra en el Título Primero del Libro segundo del Código Penal. Ese Título, que abarca los artículos 138 a 143, se denomina “Del homicidio y sus formas”.

Como novedad, en la regulación de 1995 las conductas de mera cooperación no necesaria o complicidad en el suicidio de otro son impunes, con independencia de si concurre o no el contexto eutanásico (anteriormente se sancionaba cualquier tipo de colaboración). Es decir,  que la intervención penal  depende del carácter imprescindible de los actos de colaboración, sin los cuales el suicida no hubiera podido llevar a cabo su suicidio. Está claro que quien pone en la boca del enfermo tetrapléjico la sustancia mortal que este succiona por sí mismo realiza un acto imprescindible, por ser a una persona incapaz de quitarse la vida sin ayuda ajena. Sin embargo, en otros muchos casos es difícil distinguir si la colaboración es o no imprescindible. En principio, el médico que informa a un paciente sobre un coctel letal que le procure una muerte plácida no realiza una cooperación necesaria, ni tampoco un acompañante si lo hubiera, porque éste se podía haber suicidado sin compañía o consejo alguno, pero dependerá de la perspectiva que se adopte. Casi siempre podrá decirse que el sujeto podía haberse suicidado “de otro modo”, a la vez que se puede argumentar que sin la ayuda examinada el sujeto no se hubiera podido suicidar “del modo concreto en que lo hizo”.

Por lo tanto, la ley actualmente vigente, en lugar de ofrecer soluciones seguras, ha resultado ser demasiado ambigua. Parece ser que la intención del legislador no fue la de crear un reducido campo de impunidad que atendiese a las peculiares características de la eutanasia, sin embargo llama la atención que diecisiete años después no exista ninguna jurisprudencia, hecho probablemente debido a la aceptación social de conductas tipificadas, que son reconocidas por los profesionales. Sin jurisprudencia, en una sociedad que no es consciente de esta despenalización parcial, las interpretaciones de la norma que hacen los juristas son dispares, incluyendo los que afirman que la legislación española nos sitúa respecto al suicidio en una situación similar a Suiza o el estado de Oregón.

Eutanasia indirecta y eutanasia pasiva: buena práxis médica

En 2000 España ratificó el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los Derechos Humanos y Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio de Oviedo). Inspirándose en ese texto, Cataluña aprobó la ley 21/2000 sobre los derechos de información relativos a la salud, la autonomía del paciente y la documentación clínica, que obligó al Estado a legislar sobre una norma europea jurídicamente vinculante. Finalmente, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica establecía los siguientes principios básicos (art. 2):

“La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad; el previo consentimiento de los pacientes a toda actuación sanitaria, después de que el paciente reciba una información adecuada; el derecho del paciente a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento; y la obligación de todo profesional que interviene en la actividad asistencial al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente”.

El CP de 1995, al regular expresamente las conductas eutanásicas como actos necesarios y directos a la muerte de otro, dejaba impunes tanto la llamada “eutanasia indirecta” o adelantamiento de la muerte por sedación paliativa, como los comportamientos omisivos (eutanasia pasiva), o fallecimiento por rechazo de un tratamiento o por criterio médico (limitación del esfuerzo terapéutico que evite el encarnizamiento). A medida que el valor autonomía va tomando preponderancia en la relación clínica, sustituyendo el antiguo paternalismo por un nuevo paradigma basado en el diálogo y el respeto mutuo, estas conductas se van incorporando, con más o menos lentitud, con mayor o menor dificultad, pero de forma natural, a la lex artis médica.

El camino de reconocimiento de los derechos y obligaciones de los pacientes, que son los que sustentan la relación clínica entre profesionales y ciudadanos, se vislumbra con cierta claridad. Las leyes de muerte digna 2/2010 de Andalucía, 10/2011 de Aragón y la Ley Foral 8/2011 de Navarra, así como el proyecto de ley estatal pendiente de tramitación, son iniciativas que clarifican estos derechos en el proceso de muerte. Para saber hacia dónde vamos, basta con fijarnos en los países de nuestro entorno. En todos ellos la mayoría de la población considera la disponibilidad de la propia vida como un derecho, teniendo como modelo a los países del Benelux y la experiencia suiza del suicidio asistido.

FUENTE: Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente

Acerca de victorjover
Estudiante de Periodismo y Diplomado en Magisterio apasionado del misterio, la ciencia y la filosofía.

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